PARADOJA DE LA PLUSVALIA MUNICIPAL – Taus Abogados

PARADOJA DE LA PLUSVALIA MUNICIPAL

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El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) comúnmente conocido como PLUSVALIA MUNICIPAL se ha convertido en los últimos tiempos en la mayor paradoja tributaria.

En teoría, este impuesto grava el aumento del valor del suelo urbano en las trasmisiones de inmuebles (compraventa, donación, permuta o herencia) o constitución o transmisión de derechos de goce de dichos inmuebles (usufructo).

La base imponible consiste en el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, puesto de manifiesto en el momento del devengo, experimentado a lo largo del período de posesión, con un máximo de 20 años. Es decir, que cada vez que se transmita un inmueble, deberá liquidarse este impuesto tributando por la ganancia que se haya producido hasta ese momento

Se trata de un impuesto municipal cuya gestión corresponde íntegramente a los ayuntamientos. Se encuentra legislado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para su cálculo, los ayuntamientos no tienen en cuenta el valor real de los inmuebles, sino que utilizan el valor catastral del suelo y el número de años durante los que el propietario haya sido titular del mismo.

A simple vista, nos encontramos con la primera paradoja de este impuesto que es la presunción de que siempre exista incremento del valor del suelo en las transmisiones, ya que, en estos tiempos de crisis, no siempre ha habido incremento sino todo lo contrario. Muchos contribuyentes se han visto forzados a vender sus inmuebles con cuantiosas pérdidas. Por lo que, al no existir incremento no existiría hecho imponible de este impuesto.

Esto no ha sido obstáculo para que los ayuntamientos hayan cobrado el impuesto, a pesar de que no hubiera incremento de valor. Aunque no existía la posibilidad real de que dicha base fuese negativa y reflejará una pérdida y se obligaba y exigía al contribuyente al pago de la plusvalía (aunque solo fuese teórica), tomando como único dato la posesión del inmueble por parte del contribuyente durante una serie de años.

Dándose casos tan dramáticos como el de aquellas personas que se han visto obligadas a entregar el inmueble como pago de una deuda hipotecaria (“dación en pago”) y posteriormente, han tenido que hacer frente al pago de plusvalía municipal.

Esta situación tributaria tan injusta empezó a desvanecerse a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, que ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 3 de Donostia en relación con la Normal Foral 16/1989. El Tribunal ha considerado que este impuesto es contrario al principio de capacidad económica, establecido en el art.31.1 de la Constitución Española (CE):

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”

La trascendencia de esta sentencia es enorme al anular varios preceptos de la norma por utilizar como cálculo del valor del impuesto, el valor catastral y el número de años y, por declararla inconstitucional y nula, en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Aunque al verse afectada por dicha sentencia únicamente una norma foral y no tener trascendencia estatal, en la práctica los ayuntamientos del resto de España han obviado la misma y han continuado exigiendo el pago de este impuesto en los casos de pérdida patrimonial.

Sin embargo, posteriormente una nueva sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 15 de junio de 2017, ha considerado contrario al principio de capacidad económica que la plusvalía municipal grave situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Lo más importante es el alcance nacional de esta sentencia, ya que afectaría a una norma aplicada en todos los ayuntamientos.

Por ello, el TC ha anulado varios preceptos de la Ley de Haciendas Locales que regulan el cálculo del impuesto y respectando el principio de división de poderes el TC sostiene que “la forma de determinar la existencia o no de incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta sentencia”

Sin embargo, hasta la fecha el legislador no se ha pronunciado al efecto. Por lo que, dicha sentencia del TC ha añadido una nueva paradoja en la aplicación de la plusvalía municipal que afectaría a la gestión de este impuesto y a las autoliquidaciones efectuadas desde el día 15 de junio de 2017.

La sentencia obliga a adaptar la normativa actual al pronunciamiento, pero hasta que no se produzca el cambio, la ley de Haciendas Locales sigue vigente en su redacción actual.

En la práctica algunos ayuntamientos están teniendo en cuenta esta sentencia y eximen del pago de la plusvalía en los casos de pérdida patrimonial, pero otros no (como es el caso del ayuntamiento de Madrid), están esperando a la modificación de la norma y continúan exigiendo el pago en todos los casos, ya que lógicamente la devolución de todos los impuestos indebidamente liquidados se convertirá en un descalabro para las arcas municipales y los ayuntamientos no saben cómo van a poder afrontarlo.

Por todo lo anteriormente expuesto, mi consejo es, ante la duda, liquidar la plusvalía municipal y pagarla y, posteriormente, reclamar la devolución de la misma, presentando una rectificación del impuesto en el ayuntamiento y solicitar la devolución del pago indebido.

Fdo. Isabel Castellanos Torres.

Economista